La DNDi participó, el último martes (29), en la 58ª reunión del Consejo Directivo de la OPS, donde, junto con otros actores no estatales, realizó una intervención sobre la pandemia de COVID-19 en las Américas.
Representada por el asesor de Advocacy para América Latina, Francisco Viegas, la organización subrayó la importancia de que los Estados miembros tomen medidas conjuntas para que las tecnologías sanitarias de combate al nuevo coronavirus estén disponibles a precios más cercanos a su costo.
Lea la intervención completa de la DNDi:
Los países de la región, sin excepción, han enfrentado dificultades en el acceso a tecnologías de la salud para hacer frente a la COVID-19. El aumento de la demanda, la capacidad limitada de fabricación, los monopolios y precios altos, entre otros factores, han influido en los obstáculos al acceso. Es necesario tomar medidas para evitar que esta situación se repita con las nuevas vacunas y tratamientos para la COVID-19.
La resolución en discusión destaca cuestiones importantes, sin embargo, hay que reforzar algunos puntos adicionales para que estas tecnologías se distribuyan de manera equitativa, como bienes públicos mundiales.
Los esfuerzos de I+D para desarrollar vacunas y tratamientos deben ser menos fragmentados; los ensayos clínicos deben ser correctamente diseñados, de tamaño significativo y comparativos en términos de protocolos y resultados tanto positivos como negativos, y divulgados abiertamente para brindar directrices claras a médicos y formuladores de políticas públicas, destacando las tecnologías en las que se deben centrar los esfuerzos de acceso.
Los Estados Miembros deben garantizar que la producción sea suficiente, la distribución sea equitativa y los precios sean asequibles y no discriminatorios. Para ello, deben participar activamente de discusiones mundiales sobre el ACT-A y el Marco de Acceso y Distribución Equitativos (Equitable Access and Allocation Framework) que está elaborando la OMS, asegurándose de que las poblaciones vulnerables tengan prioridad. Aumentar la limitada capacidad de producción existente no será suficiente para alcanzar estos objetivos. Se necesitará generar nuevas fuentes de producción y abrir caminos regulatorios innovadores para permitir que las vacunas y tratamientos lleguen a todos los países de la región.
Teniendo en cuenta la magnitud de la COVID-19, no tenemos tiempo para largas negociaciones a puertas cerradas. Los gobiernos deben exigir que los propietarios de tecnología de todo el mundo permitan el uso de sus propiedades intelectuales, incluso a través de C-TAP, y se utilicen de las flexibilidades de TRIPS, incluyendo las licencias obligatorias, para expandir la producción y asegurar el suministro regional.
Además, los precios de estas herramientas deben ser lo más cercanos posible a su costo, para que sean asequibles para los sistemas de salud, incluyendo por medio de compras conjuntas, y gratuitos para los que más las necesitan. La transparencia de los costos de I+D, contratos e inversiones es fundamental para asegurar la responsabilidad y confianza pública. Se debe compartir esta información también con la Plataforma Regional de la OPS para el Acceso y la Innovación a las Tecnologías de la Salud y el Observatorio de I+D de la OMS.
Ahora es el momento de emprender acciones conjuntas para asegurarnos que los medicamentos, diagnósticos, vacunas y otras tecnologías de la salud relacionadas a la COVID-19 estén disponibles como bienes públicos mundiales.
Este desafío inédito para la humanidad es la oportunidad para disminuir las desigualdades de acceso en la región.